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Pide rebaja de fianza coacusado por corrupción

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Fernando Scherrer, socio administrador de la firma BDO, coacusado por corrupción junto a la exsecretaria del Departamento de Educación (DE), Julia Keleher y otras personas, solicitó al juez federal Pedro Delgado reducir su fianza de $2 millones a $30,000 y que se le permita viajar a Washington a reunirse con su abogado Abbe Lowell.

El letrado, junto a su homólogo Juan Ramón Acevedo, radicaron una moción en la que argumentan que la reducción de la fianza a $30,000 es consistente con la de otros coacusados en este caso.

De igual forma, piden que la corte le permita a su cliente viajar a la capital federal sin tener que obtener el permiso de la Fiscalía federal.

“Como parte adversa, la Fiscalía no debe dictar cómo e incluso saber cuándo (Scherrer) se reúne con su abogado o monitorear cuándo ocurren las comunicaciones entre abogado-cliente”, señala la moción.

Los abogados argumentan que consultaron con los fiscales y que estos no se oponen a la petición. Plantean que las propuestas modificaciones a las condiciones de fianza de Scherrer son razonables y apropiadas, de acuerdo con los estatutos de fianza.

En horas de la tarde el juez Delgado ordenó que el magistrado Bruce McGiverin evalúe la solicitud del acusado.

El pasado 9 de julio un gran jurado emitió una acusación de 32 cargos contra Scherrer,; el contratista de BDO Alberto Velázquez Piñol; Keleher; la exdirectora de la Administración de Seguros de Salud (ASES), Ángela Ávila; Glenda Ponce, exayudante especial de Keleher en el DE y su hermana Mayra Ponce, dueña de la compañía Colón & Ponce.

De acuerdo con la acusación, el esquema de fraude de contratos ascendió a $15.5 millones: $13 millones en el DE y $2.5 millones en ASES.

Asimismo, el pliego acusatorio alega que Velázquez Piñol participó de los tres esquemas de fraude de fondos federales. Se alega, además, que BDO utilizó el acceso e influencia que tenía Velázquez Piñol sobre Keleher para someter propuestas y obtener contratos con un valor en exceso de $13 millones en el DE. Estos contratos eran pagados con fondos federales.

Los contratos contenían unas cláusulas en las que se prohibía la subcontratación de servicios y el pago de cabilderos. BDO incumplió con ambas cláusulas.

A cambio de las gestiones que hizo Velázquez Piñol con Keleher para obtener los contratos, BDO utilizó fondos federales para pagarle comisiones de un 10% del valor de los contratos.

En el esquema de ASES, se alega que BDO utilizó el acceso e influencia que tenía Velázquez Piñol sobre Ávila para someter propuestas y obtener contratos con un valor en exceso de $2.5 millones. Los contratos también fueron pagados con fondos federales.