Política

Tres propuestas para combatir la corrupción

Los eventos recientes demostraron la necesidad de cambiar el rumbo de muchas cosas en Puerto Rico. Dados los detonantes principales de esa crisis de gobernanza, es lógico pensar que una buena forma de comenzar ese proceso debería ser proponiendo iniciativas dirigidas a reducir la corrupción gubernamental en la Isla.

La forma en que tradicionalmente se ha tratado de reducir la corrupción gubernamental ha sido mediante la implantación de programas dirigidos a detectarla —por ejemplo, la Oficina del Contralor, la Oficina del Inspector General y las oficinas de auditoría interna en las agencias— y aumentando las penalidades que se les imponen a las personas halladas culpables de incurrir en esa conducta. Aunque esas iniciativas deben ser parte de cualquier esfuerzo dirigido a atajar la corrupción gubernamental, lo cierto es que para aumentar las probabilidades de ganar esa batalla deberíamos comenzar por reducir los incentivos que inducen a ella.

Existen muchas modalidades de corrupción gubernamental. La forma más común, sin embargo, es aquella en la cual una persona o empresa privada se beneficia de decisiones que emanan del gobierno y esto le lleva a ofrecer algo de provecho a cambio de que las mismas le favorezcan. Esto sugiere que, para combatir esa corrupción, lo más importante es reducir las oportunidades para que una persona o empresa privada se pueda beneficiar de una decisión que toma un funcionario. Además, debemos reducir los beneficios económicos que puedan resultar de esa decisión. Veamos tres propuestas dirigidas a lograr esos objetivos.

Propuesta #1: Reducir la intervención del gobierno en los asuntos económicos. Esto incluye, entre otros, reducir la reglamentación, los requerimientos de permisos, los incentivos y las preferencias que se exigen u otorgan a empresas privadas.

Contrario a la opinión generalizada, pocas de esas intervenciones gubernamentales, si alguna, resultan beneficiosas para la economía de Puerto Rico. No obstante, para personas o empresas privadas, zafarse de la reglamentación y de los requerimientos de permisos, y ser favorecidos con contratos, incentivos y preferencias, tiene el potencial de resultar en grandes beneficios económicos. Como resultado, existe margen para el cómputo mercantil inherente a incurrir en unos costos de corrupción —por ejemplo, pagar sobornos u ofrecer tajadas de contratos— a cambio de recibir esos potenciales beneficios económicos. Si se reducen esos beneficios potenciales, porque se minimizan las decisiones que puede tomar el gobierno para beneficio de personas o empresas privadas, la ecuación mercantil a favor de la corrupción debería reducirse también.

Por otro lado, hay que reconocer que ninguna empresa privada desea perder dinero; por lo tanto, cuando una firma incurre en un gasto, lo hace pensando que el beneficio recibido a cambio del mismo será mucho mayor. Esto significa que —en los casos de corrupción gubernamental— el pago que reciben los empleados públicos, por definición, será mucho menor que el beneficio que derivan las personas particulares o empresas privadas. Esa realidad da base para dos propuestas adicionales:

Propuesta #2: En los casos en que se pruebe que ha habido corrupción gubernamental, las penalidades mayores deben recaer sobre las personas particulares o representantes de las firmas privadas que en los funcionarios involucrados.

Propuesta #3: Cuando, para facilitar la solución de un caso, haya que proveerles inmunidad a personas que hayan participado en un esquema de corrupción gubernamental, la misma solamente se le debe otorgar a oficiales del sector público y nunca a personas particulares o representantes de empresas privadas.

Un famoso refrán popular dice que “el camino al infierno está pavimentado con buenas intenciones”. Como si estuviera poniendo en práctica ese refrán, el gobierno de Puerto Rico ha creado muchos programas e instrumentalidades con la mejor intención de ayudar a resolver múltiples problemas que aquejan a la ciudadanía y mejorar su calidad de vida.

No obstante, muchas de esas iniciativas solamente han servido para aumentar la corrupción gubernamental. Es hora ya de desmontar ese andamiaje. Además, hay que aumentarle al sector privado los costos de participar en esquemas de corrupción. Esto sugiere que las tres propuestas que aquí presentamos deben ser parte esencial de cualquier esfuerzo dirigido a terminar con la corrupción gubernamental en Puerto Rico.