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El Mercurio de Chile On Line | “No” al traslado del juicio de Julia Keleher

Nuevos Vecinos, Madrid, España

“Aquí los acusados han señalado correctamente que este caso ha recibido una amplia cobertura mediática. Eso es de esperarse a la luz del hecho de que la acusación alega irregularidades criminales por parte de la exsecretaria de Educación, dos empresarios prominentes, dos de sus empleadas y la extitular de la Administración de Seguros de Salud (ASES). Sin embargo, la cobertura mediática que retrata a los acusados de manera negativa no es suficiente para obligar a la corte a presumir que el prejuicio ha contaminado al grupo de potenciales jurados, hasta el punto de que un juicio en Puerto Rico no sería más que un circo”, agregan los fiscales

La Fiscalía federal pidió al juez Pedro Delgado que deniegue la petición de la exsecretaria del Departamento de Educación, Julia Keleher, y de otros cinco coacusados por corrupción para que el juicio se celebre en otro distrito.

De igual forma, el ministerio público objetó que se modifique la orden de mordaza en este caso.

Los fiscales federales Alexander Alum y José Capó reconocieron que aunque el caso contra Keleher y los coacusados ha tenido una gran publicidad, afirman que no existe base legal o fáctica para concluir que el juez sea incapaz de agrupar un jurado justo e imparcial.

“Tampoco hay en este momento ninguna base legal o fáctica para concluir que un jurado en Puerto Rico, donde viven aproximadamente tres millones de ciudadanos estadounidenses, no podrá seguir las instrucciones del tribunal y evaluar las pruebas de manera justa e imparcial”, exponen.

“Aquí los acusados han señalado correctamente que este caso ha recibido una amplia cobertura mediática. Eso es de esperarse a la luz del hecho de que la acusación alega irregularidades criminales por parte de la exsecretaria de Educación, dos empresarios prominentes, dos de sus empleadas y la extitular de la Administración de Seguros de Salud (ASES). Sin embargo, la cobertura mediática que retrata a los acusados de manera negativa no es suficiente para obligar a la corte a presumir que el prejuicio ha contaminado al grupo de potenciales jurados, hasta el punto de que un juicio en Puerto Rico no sería más que un circo”, agregan los fiscales.

Observan que los acusados solicitan que el tribunal cambie el lugar del juicio porque la mayoría de las personas en Puerto Rico ha escuchado sobre el caso y asocia a los acusados con el exgobernador Ricardo Rosselló, quien renunció en medio de protestas masivas después de la publicación de conversaciones en las redes sociales en las que él participó y que muchos percibieron como impropias de un gobernante.

“En su moción suplementaria, Keleher agrega un argumento adicional: que es ‘una de las figuras públicas más despreciadas en la historia de Puerto Rico’ porque tomó decisiones controvertidas e impopulares durante su mandato como secretaria de Educación y le pagaron significativamente más que a sus predecesores. El tribunal no debe permitir que tal hipérbole anule un análisis cuidadoso de los hechos y la ley”, se indica en la moción.

Los fiscales afirman que contrario a lo alegado por Keleher, es posible que algunos residentes en la Isla no puedan servir en un jurado federal porque carecen de la fluidez necesaria en el idioma inglés.

“No hay una razón para concluir que una consideración del tamaño y las características de la comunidad pesen a favor de un cambio de sede en este momento. Todos los ciudadanos estadounidenses adultos que residen en Puerto Rico son elegibles para ser considerados potenciales jurados”, indican.

Asimismo, los fiscales destacan que los ciudadanos estadounidenses en la Isla tienen un historial demostrable de decidir casos de corrupción pública de alto perfil de manera justa e imparcial, como lo fue el caso del exgobernador Aníbal Acevedo Vilá, quien fue acusado por presuntas irregularidades en su campaña para el cargo de comisionado residente y fue absuelto por un jurado después de 29 días de juicio.

En cuanto a la petición de que se modifique la orden de mordaza, los fiscales mantienen que se correría el riesgo de crear una situación en la que las partes se involucren en una carrera, litigando el caso en la prensa en lugar de la sala del tribunal.

“La orden de mordaza debe permanecer… y la moción de Keleher para modificar la orden de mordaza debe ser denegada”, concluyen Capó y Alum.