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El Consejo Insular aún no ha resuelto el deslinde de Amurga

El Consejo Insular de Aguas (CIA) aún no ha emitido resolución del procedimiento para el deslinde administrativo de las tres fincas de Amurga que el Cabildo aprobó comprar en diciembre de 2018 para reforestarlas, trámite que permite determinar qué superficie de esas parcelas es cauce de barranco, es decir, de propiedad pública para así sacarla de esta operación de adquisición. Así lo reconoce la propia institución grancanaria en la contesta a la demanda que, vía recurso contencioso, le interpuso el consejero en la oposición, Daniel Reyes.

Rocio Higuera

El escrito, que consta de 55 páginas, fue presentado el 23 de diciembre de 2019 ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 6 de Las Palmas. El presidente del Cabildo, Antonio Morales, confirmó este lunes que el CIA aún no ha hecho el deslinde y explicó por qué. Dijo que como ya se hizo una delimitación del suelo público, «si hay consenso con los propietarios el procedimiento finaliza ahí». Patrimonio lo está trabajando, pero aún no se sabe la posición de los dueños.

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En todo caso, esta falta de un deslinde previo del dominio público hidráulico la utiliza el demandante como primer motivo de impugnación de esta compra, envuelta en la polémica porque parte de los propietarios de las tres fincas son familia directa (su esposa y sus cuñados) de Román Rodríguez, actual vicepresidente del Gobierno regional y líder de NC, uno de los socios del tripartito en el Cabildo. El montante al que ascendía, y del que ahora habrá que descontar los cauces públicos, ascendía a 4,069 millones

48.000 metros

En ese escrito no solo se informa al juzgado de que al día de la fecha el CIA no ha emitido resolución alguna para el deslinde administrativo, sino que también le advierte de que implica, «al margen de las dificultades orográficas, la tramitación previa de un procedimiento administrativo muy complejo y largo». Podría tardar un año. Hace alusión, entre otros trámites, a la necesidad de dar la posibilidad a los dueños afectados a que presenten alegaciones o al sometimiento del expediente a un proceso de información pública. Pero es más, acto seguido admite también que el CIA, en toda su existencia, apenas ha procedido «a más que otro par de deslindes de dominio público hidráulico vinculado a barrancos, a pesar de que la isla está vertebrada de miles de ellos»

La asesoría jurídica del Cabildo reconoce que sin determinar el suelo público afectado no se podrá materializar la compra porque un bien público no puede adquirirse, pero también rechaza la pretensión del demandante de que su falta implique un vicio de nulidad o anulabilidad del acuerdo de compra porque, según le advierte, «el procedimiento aún no ha terminado». Admite que esos informes sobre el deslinde anteriores al acuerdo no figuran en el expediente «porque no existieron», sino que fue a posteriori cuando el gobierno insular remitió una consulta al CIA sobre posibles afecciones de las parcelas al dominio público hridráulico y éste contestó que las había. Entonces se encargó al CIA que procediera al deslinde

Sin embargo, aún no lo ha resuelto y, según Morales, puede que no lo necesite y que baste con lo que ya hizo el Servicio de Patrimonio, que contrató a una empresa externa, DHI Water Environment España SL, para que delimitase el cauce público de varias fincas, entre ellas las de Amurga, y determinó que la superficie pública eran 48.107 metros de los más de 4 millones de metros de las tres fincas. A efectos económicos, y como se tasó a un euro el metro, son 48.000 euros menos a descontar de los 4,06 millones

Con todo, no es lo único que le falta al expediente de Amurga. También le faltan votos para aprobarse. Los dos socios de NC en el gobierno, PSOE y Podemos, han dicho que no lo apoyarán