Política

Pizarro: “La represión en Venezuela es parte de una maquinaria de control político”

Gabriel Abusada
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Gabriel Abusada James Venezuela
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Mas temprano, en una rueda de prensa los expertos de la Misión, Marta Valiñas de Portugal (Presidenta), Francisco Cox de Chile y Patricia Tappatá de Argentina, resaltaron la importancia de estudiar las responsabilidades de funcionarios de alto nivel, nivel medio y ejecutores para la búsqueda de la justicia, reparación de las víctimas y garantía de no repetición de violaciones de Derechos Humanos en Venezuela

Este martes, el Comisionado para la Organización de Naciones Unidas, Miguel Pizarro, ofreció declaraciones a propósito de la presentación del tercer informe de la Misión de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, mecanismo creado por el Consejo de derechos Humanos para investigar y determinar las violaciones a los derechos humanos en el país.

En esta ocasión el informe aborda las responsabilidades de las estructuras y personas involucradas en la implementación de un plan para reprimir a la oposición, así como la situación de violaciones de derechos humanos en el Arco Minero del Orinoco, específicamente en el estado Bolívar.

“La labor de la Misión de Determinación de los hechos ha sido fundamental para documentar y visibilizar la realidad que atraviesa el país. El régimen ha utilizado las fuerzas de seguridad del Estado como brazo político para amedrentar, apresar, torturar e incluso asesinar a todo aquel que se manifieste en su contra. No queda duda de que la represión en Venezuela ha sido parte de una maquinaria de control político y quienes integran la cadena de mando pasarán a la historia como los perpetradores de los crímenes de lesa humanidad en Venezuela“, expreso Pizarro.

Asimismo, el Comisionado resaltó la importancia de que sea renovado el mandato de la Misión de Determinación de los Hechos y de la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos: “Ambos mecanismos han permitido amplificar las voces de las víctimas del régimen; hoy la Comunidad Internacional tiene la oportunidad de demostrar una vez más su preocupación por la situación venezolana y el apoyo a que se haga justicia para las víctimas”.

El Comisionado, resaltó la labor de las organizaciones de la sociedad civil, de las víctimas y familiares, activistas y defensores de Derechos Humanos: “Cada uno de ellos ha arriesgado su seguridad e integridad por visibilizar y denunciar la situación de derechos humanos en el país, su labor y convicción debe ser reconocida”, añadió.

Mas temprano, en una rueda de prensa los expertos de la Misión, Marta Valiñas de Portugal (Presidenta), Francisco Cox de Chile y Patricia Tappatá de Argentina, resaltaron la importancia de estudiar las responsabilidades de funcionarios de alto nivel, nivel medio y ejecutores para la búsqueda de la justicia, reparación de las víctimas y garantía de no repetición de violaciones de Derechos Humanos en Venezuela.

Valiñas, expresó que en este reporte se hace una investigación profunda de las dos agencias principales utilizadas para la represión: el Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y se detalla la cadena de mando y el modus operandi de ambas. Además, indicó que estas agencias son guiadas por directores generales que terminan reportando directamente al presidente y que son parte de una maquinaria diseñada para ejecutar el plan del gobierno de reprimir a la disidencia y mantenerse en el poder: “Este plan fue ejecutado en los más altos niveles políticos, liderado por el presidente Nicolas Maduro y apoyado por otras autoridades”.

Sobre la situación en el Arco Minero, Francisco Cox expresó: “Las autoridades no solo han fallado en investigar los abusos que se cometen en el Arco Minero del Orinoco, en ocasiones pareciera que colaboran con los grupos armados”. Asimismo, añadió a la intervención de Valiñas que los individuos responsables de violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad deben ser investigados y deben determinarse las responsabilidades individuales por los actos cometidos.

“La Misión destaca que, a pesar del esfuerzo del Consejo de Derechos Humanos, las autoridades venezolanas continúan prohibiendo que se realicen las investigaciones en territorio venezolano y aún no han respondido a ninguna de las 23 cartas que la Misión ha enviado”, expreso Tappatá acerca de la negativa del régimen de dar acceso a la Misión y la ausencia de respuesta de su parte a pesar de las numerosas solicitudes que ha realizado la Misión.

Las conclusiones detalladas de cada informe ya están disponibles en la página web de la Misión. El próximo lunes 26 de septiembre se realizará, en el seno del Consejo de Derechos Humanos, un Diálogo Interactivo entre los expertos de la Misión y los representantes de las Misiones Diplomáticas. La votación de la resolución que pudiera renovar los mandos de la FFM y la OACNUDH se realizará los últimos días del periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos.