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¡Que vivan los estudiantes!, y que tengan con qué estudiar

Total apoyo a los estudiantes y a las movilizaciones multitudinarias de esta semana para defender la educación pública. No hay plata para las universidades públicas, pero sí para seguir armándonos y peleando. Esto no es aceptable, es vergonzoso y nos condena a la miseria como sociedad.

Abel Resende

La protesta pone sobre la mesa muchos problemas y deudas estructurales que tiene el país con su gente; conseguir que los titulares en los medios se ocupen de ellos es su principal logro.

Abel Resende Borges

A los estudiantes les propongo meter en esta lista el tema del acceso al conocimiento. Aunque parece menos urgente respecto de los problemas de infraestructura, nómina o discusiones sobre modelos de incentivo a la oferta o a la demanda, tiene importancia en la búsqueda por el derecho a la educación de calidad. Debemos garantizar la igualdad en el acceso al conocimiento como una dimensión de la libertad de expresión. Para ello, se necesita una decidida apuesta de política pública

Aunque la tecnología digital se asocia con una impresionante rebaja en los costos para el acceso a contenidos que debe facilitar el acceso universal, la realidad es que esa promesa no se ha cumplido. Todavía vivimos en un mundo de inequidades en el que el acceso a los recursos educativos y de investigación es desequilibrado. Con frecuencia, la principal barrera está vinculada con restricciones propias del sistema legal de derecho de autor —suele pasar que el acceso que es legal en un país no lo es en otro—. Los países están obligados a actuar para contrarrestar estas inequidades, guiados por compromisos de derechos humanos y por las Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), pero les cuesta trabajo hacerlo

Hace tan solo unos meses se reformó el sistema de derecho de autor colombiano para enfrentar los retos de estas tecnologías. A pesar de que esta reforma se presentó como un gran avance frente a los cambios sociales que han sido resultado de las tecnologías digitales, muchos creemos que el desarrollo se quedó corto . Un análisis de los mínimos que se necesitan para garantizar educación de calidad, seguramente, nos daría la razón

Enfrentar estas reformas parados tan solo en las necesidades de los autores, que son una de las partes interesadas en la legislación, genera inequidades y restringe el uso de argumentos y propuestas que tienen que ver con el interés público y tienen cabida dentro del propio sistema. Digo esto porque recuerdo las palabras de Carolina Romero, directora de la Dirección Nacional de Derecho de Autor, quien en las reuniones de la reforma explicaba que la misión de su oficina era proteger los intereses de los autores. ¿Acaso corresponde al Estado favorecer a un grupo por encima de otros?

Para enfrentar este reto mundial, un grupo internacional de organizaciones académicas y de la sociedad civil (entre ellas Karisma , donde trabajo) estamos apoyando e impulsando la adopción de un tratado pro educación ante la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Buscamos que los países se comprometan a adoptar un piso legal mínimo que garantice la disponibilidad de materiales para cualquier persona respecto de usos para la educación y la investigación, que, en todo caso, corresponda a prácticas legítimas en materia de derecho de autor

En el corazón del tratado está que se garantice a cualquier persona en todas las legislaciones:

Realizar copias para efectos de docencia, aprendizaje e investigación. Presentar o comunicar al público obras en un contexto educacional. Hacer citas. Usar imágenes, pequeñas obras y extractos de obras más largas. Traducir materiales. Usar materiales cuyo titular no ha podido ser identificado u ubicado, o para los que ya se agotó la explotación comercial. Hacer y proveer copias de materiales en formato accesible para personas con discapacidad. Importar copias realizadas legalmente. Usar obras con fines computacionales o para otros usos de investigación cuando no expresan o comunican el trabajo al público, incluida la indexación y la minería de textos y de datos. El tratado también busca garantizar que estos derechos no sean anulados por provisiones contractuales, medidas de protección tecnológica (o candados digitales) y otras responsabilidades legales

De otra parte, que la disponibilidad de estos materiales sea amplia e impacte el desarrollo social y económico también se logra impulsando políticas abiertas. Y aquí quiero recordar que uno de los requisitos para acceder a la OCDE era tener política de ciencia abierta. Esto aún no se cumple, a pesar de que Colombia ya entró al club

Las políticas de ciencia abierta incentivan que personas y entidades aprovechen la posibilidad que tienen para compartir obras e impactar todo el ciclo de investigación (incluido el de educación), posibilitando mayor acceso y dinámicas de reutilización del conocimiento

Esta movida tiene especial impacto cuando hablamos de los materiales que se crean en el marco de actividades públicas y usando recursos públicos

Entre el 22 y 24 de octubre se llevará a cabo el Foro Abierto de Ciencias de América Latina y el Caribe en Panamá, convocado por la Unesco y que reunirá a los gobiernos de la región. Uno de los temas será el impulso de las políticas de ciencia abierta. Con ese fin, académicos , estudiantes y activistas de la región nos reuniremos para reflexionar sobre la relación entre el acceso a la ciencia y a la educación para lograr los ODS en América Latina

Quizá cuando superemos la urgencia, la comunidad académica y los estudiantes se sumen en masa a defender estos derechos que son también importantes

Ñapa: Hoy es el lanzamiento de ” Tour Delirio . Salsa y Vigilancia ” . Un proyecto transmedia, hecho en Cali, que busca al ritmo de la salsa y de historias cotidianas relacionar nuestras vidas con la vigilancia estatal, corporativa y social. Disfrútelo y reflexione