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El juez demora la inspección del predio ocupado por los mapuches

SAN CARLOS DE BARILOCHE.- El juez Gustavo Villanueva dilata la inspección ocular que reclaman tanto el gobierno nacional como la familia de Rafael Nahuel, que ayer se constituyó como querellante en la causa que investiga la “muerte dudosa” del joven de 22 años en un operativo del grupo Albatros en la ocupación mapuche del lof Lafken Winkul Mapu, en Villa Mascardi.

La causa tiene dos cuerpos y está caratulada como “NN/ sobre muerte dudosa”, calificación que ayer la querella solicitó modificar por “homicidio calificado”. Pidió además que se contemplara el “abandono de persona” por parte de las fuerzas de seguridad que intervinieron el sábado 25 de noviembre.

A diez días de la muerte de Rafael Nahuel, el juez todavía no pudo ingresar con los peritos al predio donde se instaló la comunidad mapuche en jurisdicción del Parque Nacional Nahuel Huapi. Al lugar regresaron integrantes de la comunidad, que volvieron a tener el dominio del predio, custodiados desde lejos por la Policía Federal.

A 10 días de la muerte del joven mapuche, la Justicia no revisó el lugar.

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Foto: LA NACION / Ricardo Pristupluk La tensión que se generó con la comunidad mapuche en la zona y una instancia de diálogo alentada por el obispo de Bariloche, Juan José Chaparro, motivaron que el juez alejara unos metros la custodia policial.

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Hasta el momento no ordenó el ingreso de fuerzas ni de peritos por considerar que no están dadas las garantías.

Las organizaciones que integran la mesa de diálogo (entre ellas comunidades mapuches) señalaron el viernes que “desde el primer momento” ellas aceptan la realización de una inspección ocular, porque su objetivo es “el esclarecimiento del asesinato”.

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La familia de Rafael Nahuel, representada por las abogadas Julieta Wallace y Natalia Araya, solicitó la semana pasada la inspección en busca de pruebas (aunque las evidencias pueden haberse alterado por el paso de los días y la presencia de personas en el predio).

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También pidió sumar a su perito de parte, Silvia Bufalini.

Hasta el momento no hay ningún imputado de las fuerzas federales en la causa.

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Tampoco están imputados los dos jóvenes que fueron detenidos esa tarde, Fausto Jones Huala y Lautaro González, a quienes se les tomaron muestras con cintas de carbono para determinar la presencia de pólvora en las manos.

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Esas pruebas se complementarán con estudios del Instituto Balseiro para determinar si los integrantes de la comunidad mapuche estaban armados, hipótesis que maneja el Ministerio de Seguridad pero que hasta ahora no confirmó la Justicia.Las abogadas de la querella pidieron ayer al juez separar de la causa de la muerte de Nahuel “las actuaciones de Fausto Jones Huala y de Lautaro González” y también conocer los protocolos de actuación de las fuerzas de seguridad.

El juez continuó ayer con la recepción de testimonios del procedimiento del grupo Albatros.

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Había comenzado el viernes con la declaración de un trabajador de la estación de servicio ACA ubicada a pocos metros del lof .

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En la nómina de testigos están además dos médicos que llegaron en una ambulancia para asistir a los heridos, un oficial de la Policía de Río Negro que tomó las huellas de los dos detenidos y un perito del Ministerio Público provincial.

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En tanto, en la mesa de diálogo que volverá a reunirse el miércoles, esperan una señal de Parques Nacionales, que exige que el predio de Villa Mascardi sea desalojado para avanzar en las negociaciones.

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Una postura que también ratificó el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), aunque este organismo participa de los encuentros desde la primera hora.

LA NACION Política Conflicto mapuche.

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