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El Mercurio de Chile On Line | Junta de Supervisión evaluará el impacto fiscal del proyecto que enmienda la reforma contributiva

Alvaro Ledo Nass, Madrid, España
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Con el proyecto se generan ahorros por $12 millones al reducir el crédito contributivo por Servidumbres de Conservación y reduce a la mitad, para un ahorro al erario de $500,000, el crédito a las fundaciones de los exgobernadores

El representante Antonio Soto. ( David Villafañe ) El representante penepé Antonio Soto argumentó que el proyecto de enmiendas técnicas a la reforma contributiva y otras leyes aprobado anoche cuenta con los mecanismos necesarios para garantizar su financiamiento, dado que, si bien otorga alivios contributivos ascendentes a $46 millones, deroga o modifica leyes generando $57.7 millones al fisco.

En un aparte con la prensa, poco después de que los cuerpos legislativos se pusieran de acuerdo y dieran paso al Proyecto de la Cámara 2172, Soto argumentó que con la medida deroga la Ley de Revitalización de Cascos Urbanos (Ley 212-2002), generando ahorros por $35.2 millones. El legislador indicó que el Código de Incentivos y la Ley de Zonas de Oportunidad incluyen suficientes incentivos para los cascos urbanos.

Con el proyecto se generan ahorros por $12 millones al reducir el crédito contributivo por Servidumbres de Conservación y reduce a la mitad, para un ahorro al erario de $500,000, el crédito a las fundaciones de los exgobernadores.

Otra herramienta de ahorros reduce lo que se conoce como las Pérdidas Netas de Operaciones (Net Operating Loss), un instrumento mediante el cual varias compañías, que forman parte de un mismo grupo, pueden hacer transferencias de estas pérdidas para ahorrarse parte de su contribución al fisco. Este cambio generaría $10 millones en ahorros para un total de $57.7 millones entre las iniciativas.

Cuestionado si la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) había tenido acceso al texto de la medida, Soto respondió que la medida y los cambios introducidos en el comité de conferencia fueron dialogados entre los cuerpos legislativos y la rama ejecutiva, específicamente el Departamento de Hacienda. No incluyó en ese listado a la JSF.

“Entendemos que los beneficios que se dieron en el modelo contributivo del año pasado se podían ampliar de manera responsable consiguiendo los ‘pay fors’ (métodos de financiamiento) y atendiendo los reclamos de la JSF en relación a los incentivos que se conceden”, dijo Soto. “Identificamos qué incentivos podíamos limitar o derogar para pasar beneficios adicionales a la clase profesional trabajadora de Puerto Rico”, agregó.

¿Tiene el visto bueno de la JSF?, se le preguntó.

“No es que lo tiene, pero utilizando los mismos números del Plan Fiscal de la Junta, estamos diciendo que si consideras que la ley 212 tiene un costo de $35 millones anuales de acuerdo con el Plan Fiscal que certificaste, si derogo la ley 212, ese costo anual ya no lo tengo y como no lo tengo puedo pasar un beneficio contributivo a la gente”, respondió.

Edward Zayas, portavoz de la JSF, dijo que el proyecto será motivo de discusión en una reunión a celebrarse mañana entre miembros del ente fiscal y el secretario de Hacienda, Francisco Parés.

“Como fue recientemente que se aprobó esto, la JSF quiere mirar esto bien, bien de cerca, entender bien lo que conlleva y el impacto que tenga fiscalmente. Mañana van a empezar a evaluarlo”, dijo Zayas a El Nuevo Día.

La medida, por ejemplo, aumenta de 5% a 8% el descuento contributivo de todo contribuyente cuyos ingresos no excedan los $150,000, restituye a $400 el crédito otorgado a personas de 65 años o más y aumenta de $200,000 a $300,000 la exención sobre el impuesto entre negocios.

También abre la puerta a que contables no licenciados puedan realizar ciertas certificaciones requeridas exclusivamente a Contadores Públicos Autorizados como resultado de las enmiendas al Código de Rentas Internas del año pasado. Esa legislación generó críticas en sectores que denunciaron que el requerimiento resultaba muy oneroso.

“Estos (los contadores no licenciados) podrán entrar en el juego llenando un formulario que tiene que preparar Hacienda”, dijo Soto. Estas personas podrán certificar hasta un 25% de los gastos de negocios de individuos con ingresos de hasta $750,000. En la mayoría de las ocasiones son individuos que rinden servicios profesionales o pequeños y medianos comerciantes.

El proyecto legisla una exención al pago del Impuesto de Ventas y Uso (IVU) a favor de los hospitales por la renta de equipo y exime a los pequeños y medianos comerciantes de tener que confeccionar auditorías de sus estados financieros, siempre y cuando su volumen de negocios sea de más de $3 millones. Con una enmienda, ese requisito será cumplido por aquellos que generen más de $10 millones.

También se aumenta la exención de $50,000 a $300,000 sobre el pago de la Patenta Nacional que actualmente hacen los contratistas del gobierno.